· Para
que remitan
un informe sobre el estado que guarda la nomenclatura de sus vías y espacios
públicos, incluyendo el listado oficial de denominaciones
CHILPANCINGO, GRO.
La diputada Marisol Bazán
Fernández propuso un exhorto a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de
Ayutla de los Libres para que remitan un informe sobre el estado que guarda la
nomenclatura de sus vías y espacios públicos, incluyendo el listado oficial de
las denominaciones correspondientes a personas físicas o personajes públicos,
mismo que fue remitido a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, para
su análisis y dictaminación.
La legisladora integrante
del Grupo Parlamentario de Morena expuso que su propuesta tiene como objetivo
transparentar los criterios normativos y poner fin a la práctica de utilizar el
espacio público para perpetuar los nombres de quienes han ocupado cargos de
poder.
Y es que, refirió, la
denominación del espacio urbano no es un asunto menor ni puramente
administrativo, sino una decisión simbólica y política que determina qué
nombres deben permanecer en la memoria colectiva de la ciudadanía.
“Cuando el nombre de una
persona se incorpora a una calle, avenida o plaza pública, quiere decir que el
Estado está otorgando un reconocimiento con una dimensión simbólica y una
consecuencia práctica; por eso debe existir una razón pública y, sobre todo, la
posibilidad de conocerla”, argumentó.
Al respecto, la diputada
señaló que es necesario atender lo establecido por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en su Recomendación 98VG/2023, que plantea la necesidad de
revisar los nombres de vías, escuelas y monumentos que rinden tributo a
personas señaladas como presuntas perpetradoras de violaciones graves a los
derechos humanos durante periodos de violencia política en la entidad.
Por lo anterior, Bazán
Fernández solicita que las autoridades municipales entreguen, en un plazo de 30
días, un listado detallado de las vías, colonias y plazas públicas que lleven
el nombre de personas físicas o personajes públicos, así como los expedientes,
instrumentos legales y actas que acrediten qué autoridad y bajo qué fundamentos
se otorgaron dichas denominaciones.
También pide que informen
sobre el estado actual de su reglamentación en materia de nomenclatura, y
precisar si consideran necesaria su expedición, actualización o armonización,
con el fin de que el Poder Legislativo cuente con un diagnóstico estatal
objetivo para evaluar posibles reformas al marco legal en la materia.
