Chilpancingo, Gro.
Con el propósito de
prevenir, sancionar y atender las conductas violentas en el ámbito educativo,
la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) presentó una iniciativa de
adiciones al Código Penal del Estado para incorporar la figura de “violencia en
el entorno escolar”.
Desde tribuna, la
legisladora argumentó que esta problemática requiere atención urgente porque
afecta física, psicológica y emocionalmente a todas y todos los que integran la
comunidad escolar, tanto niñas, niños y adolescentes, como docentes,
directivos, madres y padres de familia.
En ese tenor, relató que de
acuerdo con datos de organismos nacionales e internacionales, el acoso y otras
formas de violencia tienen una importante incidencia entre la población
estudiantil, y en Guerrero, en particular, es señalada por niñas, niños y
adolescentes como una de las principales razones para abandonar los estudios.
Calixto Jiménez enfatizó que
la propuesta no busca criminalizar a las y los estudiantes, sino proteger su
integridad y su futuro, bajo un enfoque humanista y preventivo que considere
que detrás de una conducta violenta también pueden existir situaciones de
abandono, maltrato o entornos que requieren atención.
La iniciativa plantea
considerar como “violencia en el entorno escolar” las agresiones físicas o
sexuales, la violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso o insultos
cometidos contra alguna persona integrante de la comunidad educativa, dentro o
fuera de los planteles, cuando se atente contra su integridad o su vida.
Asimismo, establece que
cuando estas conductas sean cometidas por adolescentes, se privilegien medidas
de orientación, protección, prevención y apoyo psicológico especializado, en
apego a la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes.
De la misma forma, contempla
la corresponsabilidad de madres, padres o tutores para la reparación integral
del daño, sanciones de 50 a 200 días multa, penas de seis meses a cuatro años
de prisión y tratamiento psicológico especializado cuando así lo determine la
autoridad judicial.
Agregó que estas sanciones
aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, persona con
discapacidad, adulta mayor o mujer embarazada; cuando exista abuso de una
posición de autoridad o confianza dentro de la escuela; la agresión sea cometida
en grupo o por interpósita persona, o se realice a través de medios digitales.
La legisladora justificó que
la violencia en las escuelas no debe normalizarse, sino que se deben generar
condiciones para que los espacios educativos sean lugares seguros, de
convivencia y desarrollo para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
personal educativo.
Esta iniciativa fue turnada
a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación correspondientes.
