CHILPANCINGO, GRO.
Para fortalecer el derecho a
la educación de las niñas, niños y adolescentes, la diputada Ma. del Pilar
Vadillo Ruiz presentó una iniciativa para expedir la Ley de Útiles Escolares,
Calzado y Uniformes Gratuitos para Estudiantes de Educación Básica del Estado
de Guerrero.
Al exponer su propuesta, la
legisladora por el PRI detalló que con este nuevo ordenamiento se plantea
abrogar la Ley Número 699 que establece el derecho al acceso de útiles
escolares, zapatos y uniformes gratuitos, conservando los beneficios esenciales
y fortaleciendo las disposiciones relacionadas con planeación, presupuesto,
adquisición, distribución, calidad, transparencia, evaluación y rendición de
cuentas.
Recordó que en 2015 el
Congreso del Estado expidió la vigente ley con el propósito de convertir en una
obligación jurídica el acceso gratuito a estos insumos para estudiantes de
educación básica pública, estableciendo padrones, reglas de entrega y
adquisición, participación de los ayuntamientos y prohibiciones de uso
político.
La legisladora considera,
sin embargo, que es necesario fortalecer el modelo normativo para garantizar de
manera efectiva este derecho; por ello plantea que los apoyos deberán
entregarse preferentemente antes del inicio del ciclo escolar y, en todo caso,
dentro de las primeras dos semanas, salvo causa plenamente justificada.
Asimismo, se prevén
criterios de calidad, durabilidad, comodidad y seguridad para uniformes y
calzado, además de mecanismos para sustituir bienes defectuosos, incorporando
medidas de inclusión y no discriminación, ajustes razonables para estudiantes
con discapacidad y criterios de pertinencia cultural, lingüística y regional
para comunidades indígenas y afromexicanas.
De igual forma, se propone
fortalecer las disposiciones de transparencia y protección de datos personales,
mediante la creación de un Padrón Estatal de Beneficiarios, la publicación de
información sobre adquisiciones, contratos, montos y proveedores, así como la
obligación de realizar evaluaciones anuales sobre cobertura, oportunidad,
calidad, entregas, quejas y ejercicio presupuestal, cuyos resultados deberán
informarse al Congreso.
El nuevo ordenamiento
contempla también el acceso a la ciudadanía para presentar quejas y denuncias
por falta de entrega, entrega incompleta, cobro, condicionamiento, utilización
política, desvío de recursos, alteración del padrón o entrega de bienes
defectuosos, y se prohíbe utilizar los recursos, padrones o actos de entrega
para promoción personalizada, propaganda partidista, proselitismo, beneficio de
candidaturas o condicionamiento político.
“La propuesta busca reducir
las barreras económicas que enfrentan las familias al inicio del ciclo escolar,
fortalecer la permanencia educativa y garantizar que los apoyos sean
reconocidos como un derecho y no como una prestación sujeta a decisiones
administrativas”, concluyó.
Las diputadas Leticia Mosso
Hernández (PT), Rebeca Núñez Martín del Campo (PRD), María Irene Montiel Servín
(PAN) y el resto de integrantes del Grupo Parlamentario del PRI se adhirieron a
la iniciativa, tras lo cual fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y
Tecnología, para su análisis y dictaminación.
